Los
traductores no somos ajenos a los cambios, algunos de ellos vertiginosos, que
están atravesando el sector editorial y la industria del libro. Las nuevas
tecnologías obligan a constantes replanteamientos y a la revisión de modelos de
negocio que van quedando obsoletos, y la transmisión de contenidos mediante
soportes informáticos es más una realidad que una promesa. Sin embargo, también
somos conscientes de que el grueso de la producción y explotación de obras
escritas continúa corriendo a cargo de la tradicional edición en papel. Es
posible que esta proporción cambie en los años venideros, de modo que conviene
estar preparados para que esto no nos tome por sorpresa. El proyecto de Ley
propuesto sienta unas bases amplias y permeables a la incorporación de los
cambios que la realidad del sector vaya imponiendo, permitiendo tanto la
regulación justa y equitativa del modelo actual como la integración de medidas
igualmente protectoras de la
Traducción y propicias a la explotación de las obras en los
soportes y modalidades que coexistan con la edición tradicional o, si fuera el
caso, la suplanten. Está en el espíritu de la Ley propuesta que la incorporación de modelos
digitales no menoscabe en modo alguno los derechos patrimoniales y morales de
los traductores, manteniéndose en todo momento los criterios de
proporcionalidad y equitatividad en que la Ley se sustenta.
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